El Govern envió al territorio su propuesta de Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) de la energía eólica en Catalunya, que serán ocho y abarcarán terrenos de once comarcas, con una potencia total de 834 megavatios (MW) que supondrá una inversión en parques de unos 1.100 millones de euros.

A partir de ahora, los entes locales contarán con 10 días prorrogables para presentar sus informes de respuesta o alegaciones, que el Govern estudiará antes de aprobar este mapa eólico, que fijará las ubicaciones en las que se deberá instalar cualquier parque de más de cinco aerogeneradores o más de 10MW hasta 2015. Fuera de estas zonas, sólo se podrán ubicar miniparques eólicos.

El director general de Energía y Minas de la Generalitat, Agustí Maure, explicó que las ocho zonas saldrán a concurso en dos o tres paquetes -el primero en abril, si el calendario previsto avanza sin prórrogas-, y confió en que todo el proceso pueda culminar antes del fin de la legislatura.

El objetivo es “ordenar y simplificar” la tramitación de los nuevos parques eólicos en Catalunya -para que no se alargue más de 18 meses y con un único interlocutor, que será la Dirección General de Energía y Minas- y alcanzar el objetivo de 3.500 MW eólicos en 2015 del Plan de la Energía de Catalunya. Actualmente, en Catalunya hay 653 MW en funcionamiento (frente a los 80 de 2003), 267,6 en construcción, 973,3 autorizados y 534,7 en tramitación. A todos estos se les sumarán los 834 MW de las ZDP y unos 300 de mini parques eólicos, lo que suma un total de 3.562,7 MW.

Las ocho zonas propuestas son Alt Empordà (con 200 MW), Segarra y Conca de Barberà (con 186), Alt Penedès (33), Baix Camp y Priorat (45), Rivera d’Ebre y Baix Camp (120), Segrià y Ribera d’Ebre (60), Terra Alta (90) y Anoia y Segarra (100). Las ZDP cumplen con requisitos de viento suficiente, previsión de líneas para la evacuación de la electricidad –en colaboración con Red Eléctrica de España–, criterios paisajísticos, medioambientales y culturales.

Las empresas ganadoras de los concursos serán elegidas por una comisión formada por seis representantes de la Generalitat -Medio Ambiente, Política Territorial y Energía, con dos personas cada departamento- y dos del mundo local -a través de los consejos comarcales-. Tendrán en cuenta tanto los criterios técnicos y empresariales como los beneficios para el territorio asociados a cada oferta, y las empresas deberán presentar avales como garantía de que podrán cumplir sus planes.

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