Por si fueran pocas las que hay, acaba de surgir otra batalla energética. El sector eléctrico español, empantanado ahora con una decena de guerras regulatorias (subsidios al carbón, renovables, subidas de la luz) tiene un nuevo frente: los precios de las redes de distribución.

Estas redes son los cables que llegan hasta la casa de los usuarios. En España hay más de medio millón de kilómetros, que pertenecen, casi en su totalidad, a cinco grupos: Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y E.ON España. Después de años esperando, las grandes eléctricas no aguantan más y exigen que se establezca una nueva fórmula que fije, de forma más precisa, los precios que deben cobrar por ese servicio.

En la práctica, podría tener importantes repercusiones para el usuario de a pie. El día 1 de julio, el mercado se enfrenta a una revisión de los precios de la luz que se augura polémica. Esa revisión de tarifas va a ser el primer gran test del Gobierno para comprobar la repercusión real que tienen en el recibo de la luz todos los problemas que se han ido acumulando en los últimos meses: los 6.215 millones en incentivos a las energías verdes y otras tecnologías de régimen especial; o los 2.000 millones en futuras subvenciones al carbón nacional, por ejemplo. Todo sobrecarga los costes del sistema eléctrico en su conjunto. Tarde o temprano, esos desajustes se reflejan en el precio de la luz.

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