La gran medida verde del presidente francés Nicolas Sarkozy, la tasa del carbono que debía aplicarse en forma de impuesto indirecto sobre la energía de origen fósil, no entrará en vigor mañana tal y como estaba previsto. El Consejo Constitucional, máxima instancia judicial, la vetó el martes por la noche por injusta e ineficaz. Se da portazo así a un plan que Sarkozy presentó como un modelo a seguir por toda la Unión Europea, y que España consideró “interesante”.

Las exoneraciones previstas y dirigidas esencialmente a la industria convertían la tasa en “contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento global”, el argumento esgrimido por el Gobierno para su creación, y “creaban una ruptura de igualdad” fiscal, sentenció la Corte. El primer ministro, François Fillon, ya ha anunciado que no se rinde y presentará una versión modificada de su impuesto el próximo 20 de enero.

Lo que ha motivado la decisión del constitucional son las numerosas exoneraciones previstas en el texto de ley. Ni las industrias pesadas sometidas al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsables del 30% de las emisiones, ni la electricidad, por ser principalmente nuclear, estaban incluidas. Al final, el Consejo calcula que quedaban exentas de la contribución “más de la mitad de las emisiones de gas a efecto invernadero” y en particular “el 93% de las emisiones de origen industrial, sin contar el carburante”. El resultado es que la tasa se habría aplicado “esencialmente al carburante y a los productos de calefacción que no son más que una de las fuentes de emisión”.

Los franceses se libran de momento de una subida de entre 4 y 4,5 céntimos del litro de gasolina, gasóleo y fuel y del 7% del precio del gas, que corresponde a la imposición de 17 euros por tonelada de CO2 emitida que fijaba la ley. El Gobierno se quedaría, por su parte, sin ingresar unos 2.000 millones de euros. Se trata de la suma que debería aportar la tasa aplicada a las empresas, según estimó ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Jean Arthius. Los otros 2.000 millones de euros recaudados sobre los particulares debían ser redistribuidos mediante una redistribución fiscal.

El órgano de los denominados sabios ha puesto el dedo en la llaga al rechazar el argumento de no tasar las industrias pesadas por estar ya sometidas al sistema de intercambio europeo, dado “que esas cuotas se han atribuido de forma gratuita hasta 2013”. Se libraban así sectores enteros, como el transporte aéreo, y hasta un total de 1.018 instalaciones industriales de las más contaminantes.

Las asociaciones ecológicas recuerdan además que pese a que cerca del 80% de la producción eléctrica francesa es nuclear, en invierno el país recurre a la importación masiva de energía europea, que incluye fuentes altamente contaminantes como el carbón. Según la Agencia de Medio Ambiente (Ademe), el consumo de electricidad emite cada año 42 millones de toneladas de CO2 en Francia. El propio Michel Rocard, el ex primer ministro socialista que presidió una comisión encargada de esbozar el proyecto, abogaba por incluir a la eléctrica en la imposición.

La noticia, totalmente inesperada, ha caído como un jarro de agua fría en el Elíseo. Sarkozy había defendido personalmente este impuesto, que llegó a comparar con reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. La prensa no ha dudado en calificar el revés de verdadero varapalo al jefe de Estado, como el vespertino Le Monde o el económico Les Échos, que hablaba de “una inmensa bofetada para el presidente”. El Gobierno francés se enfrenta también a un problema de credibilidad ante sus socios europeos, donde se ha propuesto impulsar la medida al conjunto de los países del grupo e imponer una tasa similar a la frontera de la Unión, aumentando el precio de las importaciones contaminantes.

En cualquier caso, el ejecutivo se niega a renunciar a su tasa carbono. Nada más conocerse la noticia, el primer ministro, François Fillon, anunció que su gobierno revisará el dispositivo tomando “plenamente en cuenta las observaciones” del Constitucional. Presentará su nueva versión ante el Consejo de Ministros del próximo 20 enero y podría ser adoptada en los próximos meses.

Más información: El País

Una vez más, un nuevo foro ha desvelado las carencias de la bioenergía en España. Las conclusiones de la IV Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía revelan el limitado grado de desarrollo y de incentivos públicos que sufre la biomasa en nuestro país, hasta el punto que se exporta biomasa que se beneficia de mayores incentivos en los lugares de destino.

El viernes concluyó la IV Jornada Hispano-Alemana de Bioenergía, organizada por la Cámara de Comercio Alemana para España, que supuso una nueva evidencia del retraso que lleva España en este materia, especialmente si se compara con países como Alemania, que volvió a mostrar las realidades políticas, económicas y ambientales que la hacen ser puntera en esta materia, en especial en el campo del biogás.

Christian Bobbert, consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Embajada de la República Federal de Alemania, dejó claro desde la inauguración que “la biomasa es hoy la única fuente de energía renovable que puede abastecer de calor, electricidad y carburantes de forma sostenible”. Poco tardó José María Martínez, de la Unidad de Biomasa del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), en demostrar que en España, todavía, no se lleva a la práctica con rigor esta máxima.

Martínez lamentó que en España aún no hay un mercado potencial de la biomasa debido a que “las primas a la generación de electricidad mediante esta fuente de energía no la hacen viable económicamente”. Las conclusiones de la jornada inciden además en que se da la paradoja de que, aunque somos un país muy dependiente energéticamente, la mayoría de la biomasa se exporta a Europa, sobre todo a Italia y Reino Unido, debido a que allí las primas para la generación eléctrica son más altas, y por lo tanto, pueden pagar un precio mayor.

Más información: Energias-renovables.com