Según datos divulgados hoy por la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos (ERSE) lusa, Endesa alcanzó en noviembre de 2009 el segundo lugar del mercado en consumo eléctrico abastecido, con el 16,2 por ciento, por encima de Iberdrola, que llegó al 16%,.

No obstante, la lusa EDP Comercial continúa dominando el sector, ya sea en el consumo eléctrico, donde tiene un 63% de cuota en su abastecimiento, o en el número de clientes, segmento en el que posee cerca del 95% del total.

Asimismo, ERSE considera que el mercado liberalizado de Portugal está en crecimiento desde que se decretó su liberalización en 2006, ya que el consumo total anual del país pasó del 2,5% de noviembre de 2008 al 41,9% del mismo mes de 2009.

El organismo luso atribuye esta subida al incremento de los clientes industriales y cifra el número de abastecimientos en el mercado liberalizado en más de 269.000 consumidores.

Endesa, presente en Portugal desde hace dieciséis años, también suministra electricidad a un millar de familias en el mercado doméstico luso desde agosto de 2009, propiciado por los cambios en la reglamentación del sector.

Por su parte, Iberdrola, presente sobre todo en los segmentos de consumidores industriales y pequeños negocios, ha apostado por Portugal y ya proyecta el complejo hidroeléctrico del Alto Támega, en el norte del país, cuya puesta en marcha se prevé para 2012 y en el que invertirá alrededor de 1.700 millones de euros.

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Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada, según datos de las principales compañías eléctricas.

Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses. Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5% al trimestre y que desde julio de este año son del 20% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria han apuntado que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos. En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran “malos pagadores” y no les ofrecen contratos por morosos.

Dificultades del mercado liberalizado:

Antes del verano, los clientes de alta tensión indebidamente acogidos a tarifa rondaban los 20.000, cifra que se ha reducido sensiblemente tras las campañas de captación individualizadas efectuadas por las eléctricas, que buscan la forma legal de poder traspasarlas a una comercializadora libre.

En su última reunión del año, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

Tras el análisis, el supervisor de los mercados energéticos ha abierto un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar “razonablemente” las dificultades detectadas.

Fin de las tarifas reguladas:

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios que aún no están en el mercado libre -principalmente empresas- sufrirán recargos del 5% al trimestre sobre la tarifa hasta abril de 2010, con lo que al final del periodo sumarían un sobrecoste del 15%.

A partir de esa fecha, pagarán la TUR más un recargo del 20% y dispondrán de otros seis meses para elegir comercializadora, tras lo que, en caso contrario, les será cortado el suministro.

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