En los años 80 se extendió por el mundo la creencia de que la energía nuclear debía desaparecer de la faz de la tierra, tanto en sus manifestaciones bélicas como en las correspondientes a la generación de electricidad. La bandera antinuclear fue enarbolada fundamentalmente por los sectores denominados progresistas, pertenecientes fundamentalmente a los movimientos de izquierdas, que al margen de las razones, en aquellos tiempos objetivas, derivadas de graves accidentes, como los de Three Mile Island y Chernobil, veían en la energía nuclear una nueva forma de dominio por parte de las grandes potencias. Por otro lado, la idea de que los residuos radiactivos de alta actividad se mantuvieran activos durante miles de años, generaba una sensación de vértigo a la sociedad, que intuía que no podíamos dejar ese problema a las generaciones venideras.

Con cierta frecuencia, algunos de los llamados progresistas, paradójicamente, se anclan en viejas ideas del pasado y no progresan ni evolucionan, en consonancia con los cambios que se generan con el desarrollo tecnológico. Las tecnologías de generación eléctrica mediante la fisión nuclear cuentan con más de 50 años de experiencia. Disponemos hoy en el mundo de unas 440 centrales nucleares en operación (con una potencia de 370 GWe) repartidas por más de 30 países. La energía eléctrica generada por estas tecnologías supone en la actualidad el 16% del total.

No cabe duda de que del análisis empírico de la experiencia de la generación eléctrica nuclear pueden sacarse conclusiones muy positivas en los tres vectores que orientan toda estrategia energética: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad. Y todo ello, a pesar de que en los últimos 25 años, debido a la «moratoria nuclear» general, se han realizado insuficientes esfuerzos en las áreas de investigación minera, e investigación y desarrollo de las propias tecnologías de generación nuclear de fisión y de fusión y en el tratamiento del combustible nuclear gastado.

Así pues, disponemos ya de las llamadas tecnologías de tercera generación, que resultan mucho más eficientes en el terreno energético, económico y medioambiental, y que mejoran notablemente los ya altísimos niveles de seguridad de la segunda generación, introduciendo medidas de seguridad pasivas, simplificando los sistemas de operación e incrementando las redundancias en los sistemas de control.

Es evidente que las primeras centrales que se instalen sufrirán el síndrome del «first of a kind» como sucede con todos los prototipos y en particular con los de este ámbito, en donde, precisamente por razones de seguridad, la regulación es y debe ser muy severa, induciendo costes muy importantes en las primeras unidades, hasta que se establezcan y estabilicen los estándares consiguientes.

Sin embargo, el llamado renacimiento nuclear va a producir unas economías de escala y unos niveles de estandarización, que, sin duda, van a facilitar la reducción de los costes de capital mediante el abaratamiento de los costes de ingeniería, equipos e instalaciones, al tiempo que el acortamiento en los tiempos de licenciamiento y construcción reducirán también la inversión específica y el riesgo financiero.

En la actualidad se están construyendo unas 40 nuevas centrales nucleares en el mundo (de las que 4 en la Unión Europea, 1 en Francia, otra en Finlandia y 2 en Eslovaquia), existen unos 100 proyectos nuevos planificados, que están en distintas fases de análisis y preconstrucción y unas 200 propuestas de nuevas centrales.

A medio plazo, la energía nuclear podría aportar al sistema eléctrico español y, a través de una adecuada regulación, al mundo empresarial, los siguientes elementos:

– Una fuente de energía limpia, segura y competitiva

– Una aportación de generación eléctrica de base, necesaria en todo sistema que pretenda garantizar el suministro.

– Una fuente de energía a costes estables, ya que las posibles fluctuaciones de precio de la materia prima energética (uranio) tienen escasa repercusión en el coste de generación.

– Un mayor grado de independencia energética del país, derivado no sólo del factor «diversificación», sino de la capacidad de almacenamiento del propio combustible nuclear y de la seguridad de suministro del uranio y del proceso de fabricación del combustible, habida cuenta de la naturaleza de los países suministradores.

– La creación de valor y de riqueza y de conocimiento y tecnología que puede suponer el proceso de modernización de las centrales actuales y el desarrollo y la construcción de nuevas centrales de tercera generación.

– Los beneficios inducidos, en el terreno económico, tecnológico e industrial para toda la sociedad española.

– Reducción de las emisiones de CO2.

No olvidemos también, que España es un país industrial, aunque muchos economistas pretendan ignorarlo. La industria básica es en general muy intensiva en consumo energético-eléctrico y para ella, la energía eléctrica es una materia prima, que incorpora a sus productos, que tiene que vender en el mercado internacional a precios competitivos. Si el sistema eléctrico no ofrece a la industria básica una energía eléctrica a precios competitivos, se producirá una inevitable deslocalización, aunque la eficiencia energética de esos industriales sea alta y su comportamiento económico, tecnológico y medioambiental sea el adecuado. A mi juicio, sólo la energía nuclear puede ofrecer garantía de suministro competitivo de energía eléctrica en base, a precios estables, a estos grandes consumidores.

Ante tantas ventajas, la energía nuclear se enfrenta también a algunos inconvenientes. El principal es una opinión pública mal informada que cree que las centrales nucleares explotan como las bombas atómicas, y piensa que una incidencia sin importancia reportada por una central, siguiendo las normas dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), puede suponer un peligro para la población. O que los residuos de alta actividad son un verdadero peligro, a pesar de que existen soluciones adecuadas para su almacenamiento y control. Está demostrado, en cualquier caso, que cuanta mayor información tiene una sociedad, menores reticencias existen hacia la energía nuclear.

Los países más avanzados tecnológicamente, como EEUU, Japón, Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia… han apostado claramente por invertir de nuevo en estas tecnologías, que, como cualquier otra, tiene sus inconvenientes, pero también muchas ventajas; la dinámica de los tiempos nos lleva a concluir que lo probable es que los inconvenientes (gracias a la tecnología) vayan disminuyendo y las ventajas (también gracias a la tecnología y como consecuencia del creciente desbalance entre oferta y demanda energética y por la necesidad de reducir las emisiones de CO2) vayan aumentando.

Resulta curioso que un país como el nuestro, tan dependiente energéticamente, y que está convencido de que la tecnología y el conocimiento es el camino a seguir para garantizar nuestro progreso y prosperidad, esté tan cerrado a considerar estas tecnologías de futuro como parte esencial de su mix energético. Resulta sorprendente que muchos de nuestros dirigentes políticos, que se sitúan en el lado de la modernidad y el progreso, rechazan incluso el debate sereno, viéndose dominados por los prejuicios y anclados al pasado por imprudentes promesas.

Al margen de las consideraciones que cada uno podamos hacernos en función de nuestra información, la que nos facilitan las personas o los medios que influyen sobre nosotros y por encima de los prejuicios que inevitablemente todos tenemos, creo que es recomendable observar lo que hacen otros países, admirados por su comportamiento racional, responsable y efectivo, y reflexionar sobre si no estaremos equivocados. Al menos, deberíamos dejar de un lado y por un momento nuestros prejuicios y debatir honestamente el asunto para tratar de llegar a la conclusión que sea más beneficiosa para los intereses generales de los españoles y no aferrarnos conservadoramente a nuestras ideas (¿o más bien prejuicios?) del pasado. Ser antinuclear, hoy en día, ya no es progresista sino más bien todo lo contrario.

Más información: ABC

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La gran medida verde del presidente francés Nicolas Sarkozy, la tasa del carbono que debía aplicarse en forma de impuesto indirecto sobre la energía de origen fósil, no entrará en vigor mañana tal y como estaba previsto. El Consejo Constitucional, máxima instancia judicial, la vetó el martes por la noche por injusta e ineficaz. Se da portazo así a un plan que Sarkozy presentó como un modelo a seguir por toda la Unión Europea, y que España consideró “interesante”.

Las exoneraciones previstas y dirigidas esencialmente a la industria convertían la tasa en “contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento global”, el argumento esgrimido por el Gobierno para su creación, y “creaban una ruptura de igualdad” fiscal, sentenció la Corte. El primer ministro, François Fillon, ya ha anunciado que no se rinde y presentará una versión modificada de su impuesto el próximo 20 de enero.

Lo que ha motivado la decisión del constitucional son las numerosas exoneraciones previstas en el texto de ley. Ni las industrias pesadas sometidas al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsables del 30% de las emisiones, ni la electricidad, por ser principalmente nuclear, estaban incluidas. Al final, el Consejo calcula que quedaban exentas de la contribución “más de la mitad de las emisiones de gas a efecto invernadero” y en particular “el 93% de las emisiones de origen industrial, sin contar el carburante”. El resultado es que la tasa se habría aplicado “esencialmente al carburante y a los productos de calefacción que no son más que una de las fuentes de emisión”.

Los franceses se libran de momento de una subida de entre 4 y 4,5 céntimos del litro de gasolina, gasóleo y fuel y del 7% del precio del gas, que corresponde a la imposición de 17 euros por tonelada de CO2 emitida que fijaba la ley. El Gobierno se quedaría, por su parte, sin ingresar unos 2.000 millones de euros. Se trata de la suma que debería aportar la tasa aplicada a las empresas, según estimó ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Jean Arthius. Los otros 2.000 millones de euros recaudados sobre los particulares debían ser redistribuidos mediante una redistribución fiscal.

El órgano de los denominados sabios ha puesto el dedo en la llaga al rechazar el argumento de no tasar las industrias pesadas por estar ya sometidas al sistema de intercambio europeo, dado “que esas cuotas se han atribuido de forma gratuita hasta 2013”. Se libraban así sectores enteros, como el transporte aéreo, y hasta un total de 1.018 instalaciones industriales de las más contaminantes.

Las asociaciones ecológicas recuerdan además que pese a que cerca del 80% de la producción eléctrica francesa es nuclear, en invierno el país recurre a la importación masiva de energía europea, que incluye fuentes altamente contaminantes como el carbón. Según la Agencia de Medio Ambiente (Ademe), el consumo de electricidad emite cada año 42 millones de toneladas de CO2 en Francia. El propio Michel Rocard, el ex primer ministro socialista que presidió una comisión encargada de esbozar el proyecto, abogaba por incluir a la eléctrica en la imposición.

La noticia, totalmente inesperada, ha caído como un jarro de agua fría en el Elíseo. Sarkozy había defendido personalmente este impuesto, que llegó a comparar con reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. La prensa no ha dudado en calificar el revés de verdadero varapalo al jefe de Estado, como el vespertino Le Monde o el económico Les Échos, que hablaba de “una inmensa bofetada para el presidente”. El Gobierno francés se enfrenta también a un problema de credibilidad ante sus socios europeos, donde se ha propuesto impulsar la medida al conjunto de los países del grupo e imponer una tasa similar a la frontera de la Unión, aumentando el precio de las importaciones contaminantes.

En cualquier caso, el ejecutivo se niega a renunciar a su tasa carbono. Nada más conocerse la noticia, el primer ministro, François Fillon, anunció que su gobierno revisará el dispositivo tomando “plenamente en cuenta las observaciones” del Constitucional. Presentará su nueva versión ante el Consejo de Ministros del próximo 20 enero y podría ser adoptada en los próximos meses.

Más información: El País

Andrea Brentán, consejero delegado de Endesa, eléctrica controlada en un 92% por Enel, puso ayer en tela de juicio las últimas grandes decisiones del Gobierno en materia energética.

Brentán, que compareció en la subcomisión del Congreso constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años, unió su voz así a la de otros directivos eléctricos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que acudió a la misma comparecencia la semana pasada.

Brentán reclamó que se extienda la vida de las centrales nucleares existentes en España a 60 años, frente a los 40 años de vida útil que pretende el Gobierno, o que se considere la opción de construir nuevas plantas para garantizar el equilibrio del sistema. Endesa comparte al 50% con Iberdrola la central nuclear de Garoña, en Burgos. El pasado mes de junio, el Gobierno decidió el cierre de esa instalación en 2013, en lugar de extender su vida útil.

Improvisación

“La decisión nuclear se tiene que tomar en los próximos años. Hay tiempo. Ojalá que no sea tan improvisada como la de Garoña”, dijo Brentán. La opción de prescindir de la energía nuclear tendrá un efecto “muy negativo” en la consecución de los retos del sector energético: seguridad del suministro, sostenibilidad y eficiencia en costes o competitividad, dijo. Hace unos días, Sánchez Galán cifró en 35.000 millones de euros adicionales la inversión necesaria para sustituir a las nucleares.

Por otra parte, Brentán también pidió que se abra una reflexión en cuanto a cómo repartir el sobrecoste que supone para el sistema eléctrico el modelo de primas a las energías renovables, y la conveniencia de atribuir una parte a los Presupuestos Generales del Estado.

Para Brentán, hay que avanzar en eliminación de las distorsiones que provocan en el mercado las renovables y evitar que éstas participen en la formación del precio de la electricidad. Brentán pidió que también se mitigue la distorsión que podría causar el carbón nacional y las ayudas que el Gobierno quiere introducir para que las eléctricas quemen ese mineral en sus centrales.

Más apertura de mercado

Brentán también pidió que se liberalice más el mercado, y se rebaje el listón establecido ahora para que los usuarios puedan acogerse a precios regulados, desde los 10 kilovatios a los 3 kilovatios.

Más información: Expansion.com

Según la vicepresidenta Elena Salgado, el anteproyecto de ley mantiene en 40 años la duración de la vida útil de las centrales nucleares, pero ahora quedará establecido por Derecho y se incorporarán unos “requisitos estrictos y reglados” para prolongar este plazo en “casos excepcionales”. Fuentes de Economía precisaron que estos requisitos estarán relacionados con el impacto medioambiental y con la seguridad, aspectos sobre los que ya emite los correspondientes informes no vinculantes el Consejo de Seguridad Nuclear.

En el caso de la central de Garoña, las recomendaciones del Consejo no fueron tenidas en cuenta por lo que fuentes gubernamentales explican que decisiones como ésta obedecerán exclusivamente “a criterios políticos”. En la intención del Gobierno está, pues, convertir una situación de hecho en una de Derecho en lo que respecta a la regulación de la vida útil de este tipo de instalaciones, pero manteniendo una cierta arbitrariedad. El marco legislativo vendrá acompañado de una nueva ley para actualizar la responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear.

El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros incorpora un amplio abanico de medidas, muchas de ellas sin concreción normativa, buena parte de las cuales se proyectan más allá de 2013 y, por lo tanto, escapan al mandato del actual Gobierno. Además, el anteproyecto tendrá que pasar todavía por numerosos filtros: el CES, el Consejo de Estado, la Conferencia de Presidentes y la tramitación parlamentaria, que no estará concluida, como mínimo, hasta mediados de 2010. Elena Salgado trató el texto con sindicatos y CEOE pero matizó que la reunión era sólo informativa y no tenía carácter negociador.

La llamada Economía Sostenible aparece ordenada en tres grandes capítulos: la mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.

Más información: Cincodias.com

energias-renovables-nuclear-endesa-enel-sostenibilidad-medioambiental-energetica-futuro-energeticoEl consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, aseguró hoy que “las nucleares son una parte de la solución y no del problema”, y se mostró partidario de dar preferencia a la entrada en el ‘pool’ de energías renovables “maduras” como la eólica, en detrimento de otras tecnologías menos desarrolladas.

Durante su intervención en la 44 reunión de altos ejecutivos de la Comisión de Integración Energética Regional Iberamericana (Cier), Brentan defendió además el “fomento de técnicas de carbón más limpio”, la construcción de interconexiones eléctricas y la “independencia” de los reguladores energéticos.

Las renovables, aseguró, “son fundamentales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad”, pero “no tienen que distorsionar el funcionamiento del mercado y tienen que incluir mecanismos para que las más maduras, como la eólica, entren antes en la formación de precios de mercado”.

Por otro lado, el consejero delegado de Enel, Fulvio Conti, aseguró que tanto la eléctrica italiana como Endesa serán “activas en el desarrollo del coche eléctrico”. Estas empresas, dijo, se han comprometido “tanto en el desarrollo de infraestructuras” energéticas como en “la participación en pruebas” en ciudades como Barcelona o Sevilla.

El directivo pidió a los gobiernos “un apoyo decidido en la consecución de las estrategias” y destacó la importancia de la colaboración pública y privada en el desarrollo de nuevos proyectos que permitan “solucionar la ecuación energética” y procurar un suministro “seguro, competitivo y sostenible”.

Más información: Europapress.es

revolucion-energetica-cambio-climatica-energias-renovables-alternativas-mix-energetico“Hemos seguido una trayectoria equivocada en el uso de la energía y, si no la corregimos de forma revolucionaria, vamos a terminar el siglo con un aumento de la temperatura de 6ºC. El equilibrio del planeta está en juego”.

La advertencia la lanzó ayer en Madrid el director de la división de análisis económico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, que presentó un informe monográfico sobre cambio climático que muestra que el sector energético y la financiación serán las claves para un acuerdo en la próxima cumbre del clima en Copenhague.

La AIE alerta de que el coste de no hacer nada, es decir, de no llegar a un acuerdo en Copenhague y permitir que la temperatura del planeta aumente en 6ºC o se llegue a las 1.000 partes por millón (ppm) de CO2 (ya se han superado las 350 ppm) ascendería a 500.000 millones de dólares anuales (337.994 millones de euros), además de “consecuencias ambientales catastróficas”, indicó Birol.

Frente al coste de la inacción, la agencia apunta que las inversiones necesarias para cambiar el modelo deberían ascender en los próximos 20 años a 3.500 millones de dólares (2.363 millones de euros).

En 2030, el 60% de los coches deben ser eléctricos o híbridos

La AIE ha analizado las medidas que se deberían adoptar en el sector energético para que la temperatura del planeta no se incremente más de 2ºC y que las emisiones de gases no excedan, por tanto, las 450 ppm.

El sector energético es responsable del 66% de las emisiones del planeta y, en el caso concreto de España, del 78%. El mix energético que propone la agencia incluye una apuesta por las energías renovables, la nuclear y la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2).

Más información: Publico.es

vandellos_evaluacion_control_nuclearExpertos del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) evalúan desde hoy durante tres semanas la central nuclear Vandellós II, en L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), en el marco de la misión Osart, de revisión de los sistemas de seguridad y funcionamiento.

En España, las centrales de Almaraz, Cofrentes, Ascó y Garoña han recibido anteriormente esta misión, según informó hoy la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (Anav).

El objetivo de la misión Osart (Operational Safety Review Team) es evaluar el funcionamiento de la central comparándolo con los estándares de seguridad de la OIEA analizando áreas específicas, en este caso: dirección, administración y organización; entrenamiento y calificaciones; operaciones; mantenimiento; soporte técnico; experiencia operativa; protección radiológica; química y planes de emergencia y en el caso de Vandellós II, la de las acciones derivadas del suceso de 2004 en el sistema EF.

Así durante tres semanas, expertos de la OIEA y de diferentes campos relacionados con la energía nuclear, evaluarán la gestión de la seguridad operacional y la fiabilidad de la central nuclear Vandellós II.

De este análisis los expertos extraerán sus conclusiones y presentarán los resultados tanto a la misma central como al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como organismo regulador.

Más información: Lavanguardia.es