La gran medida verde del presidente francés Nicolas Sarkozy, la tasa del carbono que debía aplicarse en forma de impuesto indirecto sobre la energía de origen fósil, no entrará en vigor mañana tal y como estaba previsto. El Consejo Constitucional, máxima instancia judicial, la vetó el martes por la noche por injusta e ineficaz. Se da portazo así a un plan que Sarkozy presentó como un modelo a seguir por toda la Unión Europea, y que España consideró “interesante”.

Las exoneraciones previstas y dirigidas esencialmente a la industria convertían la tasa en “contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento global”, el argumento esgrimido por el Gobierno para su creación, y “creaban una ruptura de igualdad” fiscal, sentenció la Corte. El primer ministro, François Fillon, ya ha anunciado que no se rinde y presentará una versión modificada de su impuesto el próximo 20 de enero.

Lo que ha motivado la decisión del constitucional son las numerosas exoneraciones previstas en el texto de ley. Ni las industrias pesadas sometidas al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsables del 30% de las emisiones, ni la electricidad, por ser principalmente nuclear, estaban incluidas. Al final, el Consejo calcula que quedaban exentas de la contribución “más de la mitad de las emisiones de gas a efecto invernadero” y en particular “el 93% de las emisiones de origen industrial, sin contar el carburante”. El resultado es que la tasa se habría aplicado “esencialmente al carburante y a los productos de calefacción que no son más que una de las fuentes de emisión”.

Los franceses se libran de momento de una subida de entre 4 y 4,5 céntimos del litro de gasolina, gasóleo y fuel y del 7% del precio del gas, que corresponde a la imposición de 17 euros por tonelada de CO2 emitida que fijaba la ley. El Gobierno se quedaría, por su parte, sin ingresar unos 2.000 millones de euros. Se trata de la suma que debería aportar la tasa aplicada a las empresas, según estimó ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Jean Arthius. Los otros 2.000 millones de euros recaudados sobre los particulares debían ser redistribuidos mediante una redistribución fiscal.

El órgano de los denominados sabios ha puesto el dedo en la llaga al rechazar el argumento de no tasar las industrias pesadas por estar ya sometidas al sistema de intercambio europeo, dado “que esas cuotas se han atribuido de forma gratuita hasta 2013”. Se libraban así sectores enteros, como el transporte aéreo, y hasta un total de 1.018 instalaciones industriales de las más contaminantes.

Las asociaciones ecológicas recuerdan además que pese a que cerca del 80% de la producción eléctrica francesa es nuclear, en invierno el país recurre a la importación masiva de energía europea, que incluye fuentes altamente contaminantes como el carbón. Según la Agencia de Medio Ambiente (Ademe), el consumo de electricidad emite cada año 42 millones de toneladas de CO2 en Francia. El propio Michel Rocard, el ex primer ministro socialista que presidió una comisión encargada de esbozar el proyecto, abogaba por incluir a la eléctrica en la imposición.

La noticia, totalmente inesperada, ha caído como un jarro de agua fría en el Elíseo. Sarkozy había defendido personalmente este impuesto, que llegó a comparar con reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. La prensa no ha dudado en calificar el revés de verdadero varapalo al jefe de Estado, como el vespertino Le Monde o el económico Les Échos, que hablaba de “una inmensa bofetada para el presidente”. El Gobierno francés se enfrenta también a un problema de credibilidad ante sus socios europeos, donde se ha propuesto impulsar la medida al conjunto de los países del grupo e imponer una tasa similar a la frontera de la Unión, aumentando el precio de las importaciones contaminantes.

En cualquier caso, el ejecutivo se niega a renunciar a su tasa carbono. Nada más conocerse la noticia, el primer ministro, François Fillon, anunció que su gobierno revisará el dispositivo tomando “plenamente en cuenta las observaciones” del Constitucional. Presentará su nueva versión ante el Consejo de Ministros del próximo 20 enero y podría ser adoptada en los próximos meses.

Más información: El País

«Las plantas nos dan de comer y nos ayudan a prevenir y a cuidar enfermedades, el gobierno debería mimar mucho más las investigaciones que se centran en conocer mejor a las plantas», así de claro se manifiesta Rafael Lozano, máximo representante de la política científica en agricultura a nivel nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Lozano estuvo ayer en la Estación Experimental del Zaidín (CSIC) para ofrecer una charla sobre el estado de la investigación agraria en España y las políticas que la rigen. Según el experto, las dos líneas de futuro en este ámbito son la genética aplicada y la biomasa. Sobre la primera de ellas explica que alterar genéticamente a las plantas es una fórmula muy eficaz para «hacer los cultivos tolerantes a plagas y a enfermedades y mejorar la calidad del producto final», además de para «conseguir elaborar sistemas de cultivo más sostenibles, con un menor consumo de agua y sin usar pesticidas o compuestos que contaminen el entorno», añade.

Por otro lado, el experto asegura que es imprescindible optimizar la producción de biomasa en el país para que ocupe el lugar que le pertenece como fuente renovable.

El investigador granadino relata que aunque la agricultura está muy desarrollada en España, «estamos en una situación ampliamente mejorable y nuestro país debería apoyar mucho más a estas investigaciones», un hecho que, según el experto, ya se ha producido en otros países como Holanda, Francia, Reino Unido o EE UU.

Lozano indica que el avance y el progreso de este sector pasa por tres pilares, el primero de ellos es la investigación básica, que consiste en el trabajo de base y que es esencial como punto de partida. El segundo es la investigación aplicada, es decir, buscar una manera de mejorar la productividad a partir de esa base. Y el tercero reside en conseguir una interacción efectiva entre poder público y privado para financiar dichos proyectos.

Más información: Ideal.es

El conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, y el presidente de REE, Luis Atienza, han firmado un protocolo de coordinación de actuaciones para favorecer la integración de las energías renovables.

El documento prevé diferentes medidas entre la Generalitat y REE con el fin de garantizar el suministro eléctrico en Cataluña y “dar cumplimiento a los objetivos en materia de energías renovables del Plan de la Energía de Cataluña 2006-2015”, según la Generalitat.

De acuerdo con el convenio, la Generalitat coordinará con REE la tramitación de los procedimientos de acceso y conexión a la red eléctrica de la generación acogida al Régimen Especial (eólica, fotovoltaica, cogeneración y biomasa).

En este punto de garantía de suministro también se incluye la línea de Muy Alta Tensión (MAT) que debe cruzar la provincia de Gerona e interconectar con Francia. Las obras entre Vic y Bescanó avanzan con normalidad, y este tramo empezará a funcionar en 2010. Toda la infraestructura hasta Francia entrará en servicio entre finales de 2013 y principios de 2014.

El Govern añadió que el convenio firmado hoy servirá de marco para desarrollar el decreto que regula la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas en Cataluña, aprobado el 22 de septiembre.

REE prevé una inversión de 1.450 millones de euros en Cataluña hasta 2015 para “lograr un sistema más seguro, limpio y competitivo” y contrarrestar el retraso histórico.

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