Andrea Brentán, consejero delegado de Endesa, eléctrica controlada en un 92% por Enel, puso ayer en tela de juicio las últimas grandes decisiones del Gobierno en materia energética.

Brentán, que compareció en la subcomisión del Congreso constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años, unió su voz así a la de otros directivos eléctricos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que acudió a la misma comparecencia la semana pasada.

Brentán reclamó que se extienda la vida de las centrales nucleares existentes en España a 60 años, frente a los 40 años de vida útil que pretende el Gobierno, o que se considere la opción de construir nuevas plantas para garantizar el equilibrio del sistema. Endesa comparte al 50% con Iberdrola la central nuclear de Garoña, en Burgos. El pasado mes de junio, el Gobierno decidió el cierre de esa instalación en 2013, en lugar de extender su vida útil.

Improvisación

“La decisión nuclear se tiene que tomar en los próximos años. Hay tiempo. Ojalá que no sea tan improvisada como la de Garoña”, dijo Brentán. La opción de prescindir de la energía nuclear tendrá un efecto “muy negativo” en la consecución de los retos del sector energético: seguridad del suministro, sostenibilidad y eficiencia en costes o competitividad, dijo. Hace unos días, Sánchez Galán cifró en 35.000 millones de euros adicionales la inversión necesaria para sustituir a las nucleares.

Por otra parte, Brentán también pidió que se abra una reflexión en cuanto a cómo repartir el sobrecoste que supone para el sistema eléctrico el modelo de primas a las energías renovables, y la conveniencia de atribuir una parte a los Presupuestos Generales del Estado.

Para Brentán, hay que avanzar en eliminación de las distorsiones que provocan en el mercado las renovables y evitar que éstas participen en la formación del precio de la electricidad. Brentán pidió que también se mitigue la distorsión que podría causar el carbón nacional y las ayudas que el Gobierno quiere introducir para que las eléctricas quemen ese mineral en sus centrales.

Más apertura de mercado

Brentán también pidió que se liberalice más el mercado, y se rebaje el listón establecido ahora para que los usuarios puedan acogerse a precios regulados, desde los 10 kilovatios a los 3 kilovatios.

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Según la vicepresidenta Elena Salgado, el anteproyecto de ley mantiene en 40 años la duración de la vida útil de las centrales nucleares, pero ahora quedará establecido por Derecho y se incorporarán unos “requisitos estrictos y reglados” para prolongar este plazo en “casos excepcionales”. Fuentes de Economía precisaron que estos requisitos estarán relacionados con el impacto medioambiental y con la seguridad, aspectos sobre los que ya emite los correspondientes informes no vinculantes el Consejo de Seguridad Nuclear.

En el caso de la central de Garoña, las recomendaciones del Consejo no fueron tenidas en cuenta por lo que fuentes gubernamentales explican que decisiones como ésta obedecerán exclusivamente “a criterios políticos”. En la intención del Gobierno está, pues, convertir una situación de hecho en una de Derecho en lo que respecta a la regulación de la vida útil de este tipo de instalaciones, pero manteniendo una cierta arbitrariedad. El marco legislativo vendrá acompañado de una nueva ley para actualizar la responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear.

El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros incorpora un amplio abanico de medidas, muchas de ellas sin concreción normativa, buena parte de las cuales se proyectan más allá de 2013 y, por lo tanto, escapan al mandato del actual Gobierno. Además, el anteproyecto tendrá que pasar todavía por numerosos filtros: el CES, el Consejo de Estado, la Conferencia de Presidentes y la tramitación parlamentaria, que no estará concluida, como mínimo, hasta mediados de 2010. Elena Salgado trató el texto con sindicatos y CEOE pero matizó que la reunión era sólo informativa y no tenía carácter negociador.

La llamada Economía Sostenible aparece ordenada en tres grandes capítulos: la mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.

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