El Ministerio de Industria, el Partido Popular y las patronales eólica y termosolar han cerrado sendos acuerdos para reducir las ayudas a la producción eléctrica con estas tecnologías. Esto supondrá un ahorro total para las arcas públicas de 1.300 millones de euros hasta 2013, según fuentes del sector.

Estas medidas “no comprometen la rentabilidad de las instalaciones existentes” y garantizarán que “no se comprometa la sostenibilidad económica del sistema” cuando las renovables produzcan más de lo previsto, explica Industria en un comunicado.

El Gobierno estableció estas ayudas para impulsar el desarrollo de energías renovables. En total, las primas al sector eléctrico superaron en 2009 los 6.200 millones, de los que más de 4.700 millones correspondieron al conjunto de todas las renovables.

Esta ayuda contribuyó a que el denominado déficit de tarifa superara los 4.600 millones en 2009, 1.100 millones más de lo previsto por el Gobierno. Por ‘déficit de tarifa’ se entiende el desajuste entre los precios fijos de la energía estipulados por el Ejecutivo y el coste real de su producción, que es superior. Éste es uno de los factores que presionan al alza los precios de la luz que finalmente paga el consumidor.

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La energía solar y la eólica tienen orígenes y destinos distintos. Muchas opiniones de responsables de empresas en el negocio de las renovables apuntan a estas diferencias para evitar hablar de sector, y prefieren diferenciarlo según fuentes de energía.

Aparte de las primas, que la solar fotovoltaica ha visto mermadas por los abusos, una de las diferencias fundamentales es que para servirse del viento se necesitan inversiones muy fuertes y una potente estructura industrial. Además, el recurso no está disponible en toda la geografía. Estos factores han empujado la eólica a manos de grandes empresas, con capacidad inversora e industrial.

La solar, sin embargo, puede buscar sus inversores y productores en la calle. El boom que registró la fotovoltaica en 2007, que elevó su producción en un 500% al calor de jugosas primas, mostró que, bien ordenada y gestionada, puede servir a los particulares ya no sólo como inversión, sino como fuente de autoconsumo, y con el tiempo, de venta a la red eléctrica.

Si se consigue dar estabilidad normativa, y en la medida que el sector madure, cualquier ciudadano podrá generar electricidad, consumirla y venderla a la red.

La pieza que faltaba, para que el puzle de esta nueva forma de organizar la oferta y la demanda energética sea posible, está dentro de un decreto que prepara el Ministerio de Industria. El departamento de Miguel Sebastián ultima una norma por la que las eléctricas estarán obligadas a conectar los pequeños paneles de los hogares.

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El 1 de julio toca revisar las tarifas eléctricas. Un asunto delicado. El Ministerio de Industria lo sabe bien. Por ello, estudia cómo aliviar la presión sobre el recibo de la luz que pagan 22 millones de usuarios y que en enero subió el 2,6%. Una opción, en medio de una tormenta económica que no escampa, es examinar el coste de la que es todavía una apuesta estratégica del Ejecutivo: el desarrollo de las energías renovables. En eso está el ministerio.

La idea circula hace semanas. A principios de abril, en Tarragona, en una cena, y ante decenas de empresarios, un conocido político nacionalista adelantó, según uno de los asistentes, dos de las ideas que incendian ahora el sector de las energías renovables: que el Gobierno y las grandes eléctricas podrían haber acordado no tocar las tarifas y que podría estar en marcha un fuerte recorte de primas para proyectos solares.

A tenor de cómo han discurrido los acontecimientos, el político catalán manejaba buena información. En apenas dos semanas, la posibilidad de que el Gobierno decida un recorte de las primas ha provocado la unión de todas las patronales de renovables, caídas bursátiles de las empresas más destacadas y leves intentos del ministerio por echar balones fuera.

Las presiones son múltiples. Las patronales de renovables, unidas por primera vez, advierten de que un recorte mal pensado -que afectara incluso a instalaciones que ya están funcionando- puede poner en peligro un sector puntero que ha puesto a España como ejemplo de buen hacer.

Desde las grandes compañías energéticas, agrupadas en la patronal Unesa, hay llamadas a racionalizar los incentivos. Pero no son unánimes. Gas Natural Fenosa, por ejemplo, ha cuestionado duramente la evolución de las renovables y su presidente, Salvador Gabarró, ha defendido incluso la conveniencia de que las tarifas suban hasta un 20% para tener un mix energético “sostenible también económicamente”. El discurso de Iberdrola tiene otros matices: su gran buque Iberdrola Renovables forma parte de la Asociación Empresarial Eólica, y distingue entre tecnologías rentables y otras que lo son menos. Por supuesto, la eólica es rentable. Así lo dicen los números, sostienen.

Los datos -de la CNE, para evitar suspicacias- muestran que las primas a la energía solar en 2009 ascendieron a 2.688 millones para una producción que cubrió el 2% de la demanda. La cifra supone el 57% de los 4.719 millones dedicados el año pasado a solar, eólica, hidráulica y biomasa. Mientras, la eólica -destacan fuentes de Iberdrola- recibió 1.608 millones y cubrió el 13% de la demanda (18% hasta abril).

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