La patronal de pequeñas empresas distribuidoras, comercializadoras y productoras de electricidad, CIDE, pidió hoy que las primas al régimen especial se trasladen, en su totalidad o en parte, desde la tarifa eléctrica hasta los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, lamentó la “insuficiente” retribución para la actividad de distribución y alertó de que esta circunstancia “pone en peligro tanto el mantenimiento de las redes como las nuevas inversiones”.

En concreto, advierte de que a la partida destinada a la distribución de electricidad se le va a aplicar durante el próximo ejercicio un IPC negativo, en un momento en el que las pequeñas empresas aún se están adaptando al proceso de liberalización del sector.

Para CIDE, esta medida es “injusta” y “poco oportuna”, ya que las pequeñas empresas del sector eléctrico están teniendo que adaptarse muy rápidamente a un nuevo modelo de gestión de su negocio, al tiempo que responden a nuevas obligaciones como la puesta en marcha de los sistema de telegestión de contadores domésticos.

“No es aceptable que el Ministerio (de Industria) introduzca rebajas en los ingresos de estas empresas si lo que se pretende es disponer de una red eléctrica robusta y segura”, añade, antes de calificar de “absurdo” utilizar como argumento para aplicar la medida la menor demanda energética.

“Las líneas eléctricas instaladas no se desmontan porque no se consuma, sino que hay que seguir manteniéndolas, es más, el distribuidor tiene obligación de realizar nuevas instalaciones a cada solicitud de nuevo suministro”, por lo que “no es admisible que se establezcan recortes en la actividad de distribución”, añade.

PRIMAS Y DÉFICIT.

Por otro lado, los pequeños distribuidores indican que sólo las primas al régimen especial y los pagos previstos de las anualidades correspondientes al déficit de tarifa de años anteriores suponen un 49% de los costes previstos en la tarifa de acceso para el ejercicio 2010

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Andrea Brentán, consejero delegado de Endesa, eléctrica controlada en un 92% por Enel, puso ayer en tela de juicio las últimas grandes decisiones del Gobierno en materia energética.

Brentán, que compareció en la subcomisión del Congreso constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años, unió su voz así a la de otros directivos eléctricos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que acudió a la misma comparecencia la semana pasada.

Brentán reclamó que se extienda la vida de las centrales nucleares existentes en España a 60 años, frente a los 40 años de vida útil que pretende el Gobierno, o que se considere la opción de construir nuevas plantas para garantizar el equilibrio del sistema. Endesa comparte al 50% con Iberdrola la central nuclear de Garoña, en Burgos. El pasado mes de junio, el Gobierno decidió el cierre de esa instalación en 2013, en lugar de extender su vida útil.

Improvisación

“La decisión nuclear se tiene que tomar en los próximos años. Hay tiempo. Ojalá que no sea tan improvisada como la de Garoña”, dijo Brentán. La opción de prescindir de la energía nuclear tendrá un efecto “muy negativo” en la consecución de los retos del sector energético: seguridad del suministro, sostenibilidad y eficiencia en costes o competitividad, dijo. Hace unos días, Sánchez Galán cifró en 35.000 millones de euros adicionales la inversión necesaria para sustituir a las nucleares.

Por otra parte, Brentán también pidió que se abra una reflexión en cuanto a cómo repartir el sobrecoste que supone para el sistema eléctrico el modelo de primas a las energías renovables, y la conveniencia de atribuir una parte a los Presupuestos Generales del Estado.

Para Brentán, hay que avanzar en eliminación de las distorsiones que provocan en el mercado las renovables y evitar que éstas participen en la formación del precio de la electricidad. Brentán pidió que también se mitigue la distorsión que podría causar el carbón nacional y las ayudas que el Gobierno quiere introducir para que las eléctricas quemen ese mineral en sus centrales.

Más apertura de mercado

Brentán también pidió que se liberalice más el mercado, y se rebaje el listón establecido ahora para que los usuarios puedan acogerse a precios regulados, desde los 10 kilovatios a los 3 kilovatios.

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