Las eléctricas echan chispas con las propuestas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La última recomendación del organismo se centra en rebajar la remuneración de las eléctricas, a quienes se les recompensa por invertir en la red para que sea lo más segura posible y reducir la posibilidad de apagones o fallos.

Pero lo que más ha crispado al sector es que el regulador pide revisar la remuneración ya aprobada para 2009 por debajo de la previsión oficial. La batalla está servida y ahora estas compañías amenazan con frenar sus inversiones.

Las alegaciones de los grupos energéticos a través de la patronal Unesa, a las que ha tenido acceso elEconomista, critican que la CNE ha fijado una remuneración para 2010 similar a la de este año y ha reducido la prevista para 2009 por la propia institución de entre 4.746 y 5.031 millones hasta los 4.342 millones, lo que afectaría al balance de estas empresas que ya se han apuntado en sus cuentas su retribución correspondiente que en el peor de los casos iba a ser de 4.416 millones de euros.

Fórmula provisional

Además, las compañías apuntan que la metodología que defiende la CNE está “alejada de la realidad y de los planes previstos”. Estas empresas aprovechan sus alegaciones para hacer una propuesta sectorial planteada por Unesa, que opta por una fórmula provisional, en tanto se estudian los nuevos modelos.

Las eléctricas insisten en que esta reducción ha causado “una incertidumbre regulatoria sin precedentes, que hace imposible mantener los planes presentados para los próximos años”.

Las compañías esgrimen sus argumentos y apuntan que la suspensión de las inversiones previstas “agudizará la crisis del sector y la extenderá a las empresas de servicios y fabricantes de bienes de equipo”. También señalan que “supone perder la oportunidad de mejorar la calidad de suministro, con inversiones eficientes que generen empleo de alta cualificación y con un carácter local”.

Una red española menos eficiente

Iberdrola, Endesa,E.ON, GasNatural, entre otras, aseguran que para que un consumidor tenga una calidad de servicio similar a la de un francés -es decir, un 70% mejor- sería necesario duplicar la retribución. En la misma línea, si se quiere igualar con un cliente de Reino Unido, para conseguir un suministro dos veces más fiable, se debería incrementar la retribución en un 50%.

Las reivindicaciones de estas empresas señalan que los nuevos planteamientos energéticos exigirán a corto plazo una red más mallada y el desarrollo y la implantación de redes inteligentes, capaces de integrar de manera dinámica las acciones tanto de los consumidores -con sus futuros contadores inteligentes- como de los generadores.

Por ello, las eléctricas han solicitado a al organismo que preside Maite Costa que confíe en los planes de inversión presentados a las distintas administraciones.

Ha sido tal la crispación generada en el sector, que la CNE se ha replanteado su postura. En un informe publicado esta semana, la Comisión propone que se restablezca las retribuciones iniciales previstas para 2009 y 2010, al entender que la nueva propuesta adolece de una gran “complejidad” puesto que se negocia sobre las inversiones ya hechas y a pasado, cuando debería realizarse sobre las inversiones previstas.

Más información: El Econ0mista

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Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada, según datos de las principales compañías eléctricas.

Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses. Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5% al trimestre y que desde julio de este año son del 20% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria han apuntado que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos. En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran “malos pagadores” y no les ofrecen contratos por morosos.

Dificultades del mercado liberalizado:

Antes del verano, los clientes de alta tensión indebidamente acogidos a tarifa rondaban los 20.000, cifra que se ha reducido sensiblemente tras las campañas de captación individualizadas efectuadas por las eléctricas, que buscan la forma legal de poder traspasarlas a una comercializadora libre.

En su última reunión del año, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

Tras el análisis, el supervisor de los mercados energéticos ha abierto un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar “razonablemente” las dificultades detectadas.

Fin de las tarifas reguladas:

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios que aún no están en el mercado libre -principalmente empresas- sufrirán recargos del 5% al trimestre sobre la tarifa hasta abril de 2010, con lo que al final del periodo sumarían un sobrecoste del 15%.

A partir de esa fecha, pagarán la TUR más un recargo del 20% y dispondrán de otros seis meses para elegir comercializadora, tras lo que, en caso contrario, les será cortado el suministro.

Más información: ABC

Andrea Brentán, consejero delegado de Endesa, eléctrica controlada en un 92% por Enel, puso ayer en tela de juicio las últimas grandes decisiones del Gobierno en materia energética.

Brentán, que compareció en la subcomisión del Congreso constituida para definir la estrategia energética de España para los próximos 25 años, unió su voz así a la de otros directivos eléctricos, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que acudió a la misma comparecencia la semana pasada.

Brentán reclamó que se extienda la vida de las centrales nucleares existentes en España a 60 años, frente a los 40 años de vida útil que pretende el Gobierno, o que se considere la opción de construir nuevas plantas para garantizar el equilibrio del sistema. Endesa comparte al 50% con Iberdrola la central nuclear de Garoña, en Burgos. El pasado mes de junio, el Gobierno decidió el cierre de esa instalación en 2013, en lugar de extender su vida útil.

Improvisación

“La decisión nuclear se tiene que tomar en los próximos años. Hay tiempo. Ojalá que no sea tan improvisada como la de Garoña”, dijo Brentán. La opción de prescindir de la energía nuclear tendrá un efecto “muy negativo” en la consecución de los retos del sector energético: seguridad del suministro, sostenibilidad y eficiencia en costes o competitividad, dijo. Hace unos días, Sánchez Galán cifró en 35.000 millones de euros adicionales la inversión necesaria para sustituir a las nucleares.

Por otra parte, Brentán también pidió que se abra una reflexión en cuanto a cómo repartir el sobrecoste que supone para el sistema eléctrico el modelo de primas a las energías renovables, y la conveniencia de atribuir una parte a los Presupuestos Generales del Estado.

Para Brentán, hay que avanzar en eliminación de las distorsiones que provocan en el mercado las renovables y evitar que éstas participen en la formación del precio de la electricidad. Brentán pidió que también se mitigue la distorsión que podría causar el carbón nacional y las ayudas que el Gobierno quiere introducir para que las eléctricas quemen ese mineral en sus centrales.

Más apertura de mercado

Brentán también pidió que se liberalice más el mercado, y se rebaje el listón establecido ahora para que los usuarios puedan acogerse a precios regulados, desde los 10 kilovatios a los 3 kilovatios.

Más información: Expansion.com