Según la vicepresidenta Elena Salgado, el anteproyecto de ley mantiene en 40 años la duración de la vida útil de las centrales nucleares, pero ahora quedará establecido por Derecho y se incorporarán unos “requisitos estrictos y reglados” para prolongar este plazo en “casos excepcionales”. Fuentes de Economía precisaron que estos requisitos estarán relacionados con el impacto medioambiental y con la seguridad, aspectos sobre los que ya emite los correspondientes informes no vinculantes el Consejo de Seguridad Nuclear.

En el caso de la central de Garoña, las recomendaciones del Consejo no fueron tenidas en cuenta por lo que fuentes gubernamentales explican que decisiones como ésta obedecerán exclusivamente “a criterios políticos”. En la intención del Gobierno está, pues, convertir una situación de hecho en una de Derecho en lo que respecta a la regulación de la vida útil de este tipo de instalaciones, pero manteniendo una cierta arbitrariedad. El marco legislativo vendrá acompañado de una nueva ley para actualizar la responsabilidad civil en el ámbito de la energía nuclear.

El anteproyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros incorpora un amplio abanico de medidas, muchas de ellas sin concreción normativa, buena parte de las cuales se proyectan más allá de 2013 y, por lo tanto, escapan al mandato del actual Gobierno. Además, el anteproyecto tendrá que pasar todavía por numerosos filtros: el CES, el Consejo de Estado, la Conferencia de Presidentes y la tramitación parlamentaria, que no estará concluida, como mínimo, hasta mediados de 2010. Elena Salgado trató el texto con sindicatos y CEOE pero matizó que la reunión era sólo informativa y no tenía carácter negociador.

La llamada Economía Sostenible aparece ordenada en tres grandes capítulos: la mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad medioambiental.

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