Endesa ha puesto en marcha en su central de Compostilla (León) una planta experimental para captura de CO2 por absorción química, que se convertirá en la primera planta piloto de este tipo integrada a una central térmica construida en España, anunció en un comunicado.

La planta trata 800 metros cúbicos a la hora de gases de combustión y posee una capacidad de captura de entre tres y cinco toneladas de CO2 al día con eficiencias del 90%, explica la compañía presidida por Borja Prado.

La captura de CO2 se produce por el contacto en contracorriente de los gases de combustión con una solución absorbente de amina a baja temperatura. Durante el proceso, el CO2 se une químicamente a la amina con lo que es separado de los gases, al tiempo que la amina se regenera en un segundo reactor mediante calor aportado por vapor, produciendo CO2 muy concentrado.

Durante los próximos meses, Endesa analizará el proceso con el objetivo de optimizar la eficiencia de captura así como el consumo energético del mismo. Está previsto que se analicen diferentes condiciones de operación de la planta, así como distintos compuestos químicos que mejoren la eficiencia del proceso.

Endesa dice que esta iniciativa se inscribe dentro del objetivo de la compañía de impulsar un nuevo modelo energético, global y sostenible en sus mercados objetivos a través de cinco líneas prioritarias de actuación, entre las que figuran las energías renovables y nuevos desarrollos tecnológicos que conduzcan a menores emisiones de CO2.

También se trabaja en oportunidades en eficiencia energética y cogeneración, en el modelo de transporte sostenible y en la compensación de emisiones a través de una cartera de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL).

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El dióxido de carbono (CO2) está en el eje del eje del mal. Científicos, políticos, empresarios y hasta militares siguen la evolución de su concentración en la atmósfera e intentan prever cómo el efecto invernadero del gas afectará a la temperatura del planeta, las lluvias, los cultivos, las migraciones, las guerras o el esquí.

Por eso el gran esfuerzo está en reducir las emisiones de CO2, en cambiar el sistema energético hacia fuentes renovables, o incluso en enterrarlo bajo tierra durante siglos. Sin embargo, cada vez surgen más proyectos para darle valor al CO2, buscarle una utilidad, una forma de retirarlo de la atmósfera, pero que a la vez le dé un valor al gas.

El mar de invernaderos de Almería es el lugar perfecto para usar el CO2. Con 26.500 hectáreas bajo plástico, las necesidades de CO2 son potencialmente enormes. El dióxido de carbono inyectado en los invernaderos aumenta el rendimiento de los cultivos. Y no sólo eso. La existencia de un sector altamente tecnificado (la campaña 2008-2009 generó una producción por valor de 1.321 millones euros, el 56% exportado) hace que los agricultores, empresarios en todos los sentidos, no teman a la innovación.

Por eso la consultora especializada Besel estudió para Endesa, en un proyecto financiado por el Gobierno, cómo usar allí el CO2 que emite la central térmica de carbón de Carboneras, a unos 100 kilómetros de El Ejido. «Cuando les contamos a los agricultores las ventajas del CO2, al principio les sonaba a ciencia-ficción», recuerda Carlos Reparaz, director del Departamento de Medio Ambiente de Besel, en la sede de la empresa a las afueras de Madrid. Desde la ventana se ve la inusual estampa de un rebaño de ovejas pastando. Pero cuando las ventajas llegaron a todos los rincones, los dueños de los invernaderos quisieron que les construyeran un tubo desde la chimenea de Carboneras, algo que resultó demasiado caro.

En realidad, el concepto es tan simple que basta con regresar a la biología escolar. Las plantas toman dióxido de carbono del aire y, tras realizar la fotosíntesis, devuelven oxígeno. Los animales, justo lo contrario. Así, el CO2, que en la atmósfera retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta, puede servir para alimentar plantas y algas y acelerar su crecimiento.

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La gran medida verde del presidente francés Nicolas Sarkozy, la tasa del carbono que debía aplicarse en forma de impuesto indirecto sobre la energía de origen fósil, no entrará en vigor mañana tal y como estaba previsto. El Consejo Constitucional, máxima instancia judicial, la vetó el martes por la noche por injusta e ineficaz. Se da portazo así a un plan que Sarkozy presentó como un modelo a seguir por toda la Unión Europea, y que España consideró «interesante».

Las exoneraciones previstas y dirigidas esencialmente a la industria convertían la tasa en «contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento global», el argumento esgrimido por el Gobierno para su creación, y «creaban una ruptura de igualdad» fiscal, sentenció la Corte. El primer ministro, François Fillon, ya ha anunciado que no se rinde y presentará una versión modificada de su impuesto el próximo 20 de enero.

Lo que ha motivado la decisión del constitucional son las numerosas exoneraciones previstas en el texto de ley. Ni las industrias pesadas sometidas al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsables del 30% de las emisiones, ni la electricidad, por ser principalmente nuclear, estaban incluidas. Al final, el Consejo calcula que quedaban exentas de la contribución «más de la mitad de las emisiones de gas a efecto invernadero» y en particular «el 93% de las emisiones de origen industrial, sin contar el carburante». El resultado es que la tasa se habría aplicado «esencialmente al carburante y a los productos de calefacción que no son más que una de las fuentes de emisión».

Los franceses se libran de momento de una subida de entre 4 y 4,5 céntimos del litro de gasolina, gasóleo y fuel y del 7% del precio del gas, que corresponde a la imposición de 17 euros por tonelada de CO2 emitida que fijaba la ley. El Gobierno se quedaría, por su parte, sin ingresar unos 2.000 millones de euros. Se trata de la suma que debería aportar la tasa aplicada a las empresas, según estimó ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Jean Arthius. Los otros 2.000 millones de euros recaudados sobre los particulares debían ser redistribuidos mediante una redistribución fiscal.

El órgano de los denominados sabios ha puesto el dedo en la llaga al rechazar el argumento de no tasar las industrias pesadas por estar ya sometidas al sistema de intercambio europeo, dado «que esas cuotas se han atribuido de forma gratuita hasta 2013». Se libraban así sectores enteros, como el transporte aéreo, y hasta un total de 1.018 instalaciones industriales de las más contaminantes.

Las asociaciones ecológicas recuerdan además que pese a que cerca del 80% de la producción eléctrica francesa es nuclear, en invierno el país recurre a la importación masiva de energía europea, que incluye fuentes altamente contaminantes como el carbón. Según la Agencia de Medio Ambiente (Ademe), el consumo de electricidad emite cada año 42 millones de toneladas de CO2 en Francia. El propio Michel Rocard, el ex primer ministro socialista que presidió una comisión encargada de esbozar el proyecto, abogaba por incluir a la eléctrica en la imposición.

La noticia, totalmente inesperada, ha caído como un jarro de agua fría en el Elíseo. Sarkozy había defendido personalmente este impuesto, que llegó a comparar con reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. La prensa no ha dudado en calificar el revés de verdadero varapalo al jefe de Estado, como el vespertino Le Monde o el económico Les Échos, que hablaba de «una inmensa bofetada para el presidente». El Gobierno francés se enfrenta también a un problema de credibilidad ante sus socios europeos, donde se ha propuesto impulsar la medida al conjunto de los países del grupo e imponer una tasa similar a la frontera de la Unión, aumentando el precio de las importaciones contaminantes.

En cualquier caso, el ejecutivo se niega a renunciar a su tasa carbono. Nada más conocerse la noticia, el primer ministro, François Fillon, anunció que su gobierno revisará el dispositivo tomando «plenamente en cuenta las observaciones» del Constitucional. Presentará su nueva versión ante el Consejo de Ministros del próximo 20 enero y podría ser adoptada en los próximos meses.

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La Comisión Europea anunció ayer en Bruselas los 15 proyectos energéticos singulares que financiará con 1.500 millones de euros. Se trata de proyectos de redes y molinos de viento en alta mar y seis plantas de captura y almacenamiento de CO2. Uno de los elegidos -el único español- es el del consorcio público Ciudad de la Energía (Ciuden), con la colaboración de Endesa, en Ponferrada (León) que recibirá 180 millones de euros. El presidente de Ciuden, José Ángel Azuara, destacó por teléfono la importancia de que «España haya quedado entre los seis proyectos europeos de captura de CO2 en el que no había experiencias».

El comisario de Energía, Andris Piebalgs, señaló que con esta decisión se «sientan las bases para el desarrollo de tecnologías sostenibles, fundamentales en la lucha contra el cambio climático».

La primera fase del proyecto, durante los próximos dos años, Ciuden construirá una planta piloto de 30 megavatios de captura en Compostilla (León), un pequeño almacenamiento subterráneo en Ontomín (Burgos) y un conducto de tres kilómetros para desarrollar la tecnología. Costará 156 millones, de los que la Comisión pondrá 70 y España el resto.

Si eso funciona, Endesa aplicará el proyecto a gran escala en una central térmica de carbón de 300 megavatios, la primera de carbón en décadas en España con un gran almacenamiento geológico en el que el CO2 debe permanecer durante siglos para mitigar el impacto del calentamiento global. Bruselas lo financiará con los 110 millones restantes destinados a este proyecto y Endesa aportaría otra parte.

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Una de las escasas lecturas positivas que pueden hacerse de la crisis económica global se enmarca en el cuidado medioambiental. La industria ha logrado reducir un 17% los gases contaminantes que emite a la atmósfera durante el primer semestre de 2009, según las estadísticas del Observatorio de Cambio Climático coordinador por el profesor gallego Xavier Labandeira.

La disminución de la producción de cemento, derivada de la caída de la actividad en el sector de la construcción, y el auge de las energías renovables, como la solar y la eólica, que suben escalones en su carrera por alcanzar a los combustibles tradicionales, constituyen en la actualidad dos pilares básicos en la lucha contra los efectos del cambio climático.

«La energía y los procesos industriales, con un elevado peso de la producción de cemento, han generado desde el año 2000 un 97% de las emisiones nacionales de C02. De hecho, las emisiones estimadas para 2008 generadas por la quema de combustibles y el cemento fueron 50% mayores que las registradas en 1990; por lo que España se ubicaría 35 puntos por encima del objetivo definido en el Protocolo de Kioto», según los datos del observatorio. El descenso de la construcción propició este año una reducción de la producción de clínker, de modo que las emisiones disminuyeron un 30%. En el sector eléctrico cayeron un 14% debido a la bajada de un 6,2% en la demanda de electricidad y el aumento en la participación relativa de la energía hidráulica y las de régimen especial.

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revolucion-energetica-cambio-climatica-energias-renovables-alternativas-mix-energetico«Hemos seguido una trayectoria equivocada en el uso de la energía y, si no la corregimos de forma revolucionaria, vamos a terminar el siglo con un aumento de la temperatura de 6ºC. El equilibrio del planeta está en juego».

La advertencia la lanzó ayer en Madrid el director de la división de análisis económico de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, que presentó un informe monográfico sobre cambio climático que muestra que el sector energético y la financiación serán las claves para un acuerdo en la próxima cumbre del clima en Copenhague.

La AIE alerta de que el coste de no hacer nada, es decir, de no llegar a un acuerdo en Copenhague y permitir que la temperatura del planeta aumente en 6ºC o se llegue a las 1.000 partes por millón (ppm) de CO2 (ya se han superado las 350 ppm) ascendería a 500.000 millones de dólares anuales (337.994 millones de euros), además de «consecuencias ambientales catastróficas», indicó Birol.

Frente al coste de la inacción, la agencia apunta que las inversiones necesarias para cambiar el modelo deberían ascender en los próximos 20 años a 3.500 millones de dólares (2.363 millones de euros).

En 2030, el 60% de los coches deben ser eléctricos o híbridos

La AIE ha analizado las medidas que se deberían adoptar en el sector energético para que la temperatura del planeta no se incremente más de 2ºC y que las emisiones de gases no excedan, por tanto, las 450 ppm.

El sector energético es responsable del 66% de las emisiones del planeta y, en el caso concreto de España, del 78%. El mix energético que propone la agencia incluye una apuesta por las energías renovables, la nuclear y la tecnología de captura y almacenamiento de dióxido de carbono (CO2).

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