Google avanza en el negocio de la energía a través de la filial ‘Google Energy’ y de la compra-venta de electricidad en el mercado. Esta compañía, con sede en Delaware fue creada el pasado 16 de diciembre, tras petición a la FERC, la agencia supervisora de la red eléctrica.

Según un representante de Google, la empresa no tiene un plan para convertirse en un suministrador comercial de energía pero no descarta que la compra y venta de energía integre parte de su futuro portafolio, como publica cnet.com.

“En este momento, no podemos comprar energías renovables en nuestros mercados”, dijo el representante de Google Niki Fenwick. “Queremos comprar la más alta calidad, la energía renovable más accesible siempre que sea posible y utilizar los créditos verdes”.

Pero este último movimiento del Google en el territorio de la energía no es único. La compañía ya dispone de una gran instalación solar en California. Con ‘Google Energy’, la empresa podrá utilizar una cantidad mucho mayor de energía renovable para compensar el consumo de energía de sus operaciones.

Abriéndose al mercado

Además, Google.org ha financiado nuevas empresas tecnológicas en energía solar, energía geotérmica y viento. También desarrolló PowerMeter, una web basada en la aplicación de la electricidad principalmente mediante los servicios públicos.

Fuera de esos esfuerzos, los empleados de Google exploran la intersección de las TI y de la energía y la compañía creó una alianza con General Electric para presionar políticas de promoción de energía limpia.

Más información: EcoDiario (El Economista)

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Las eléctricas echan chispas con las propuestas de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La última recomendación del organismo se centra en rebajar la remuneración de las eléctricas, a quienes se les recompensa por invertir en la red para que sea lo más segura posible y reducir la posibilidad de apagones o fallos.

Pero lo que más ha crispado al sector es que el regulador pide revisar la remuneración ya aprobada para 2009 por debajo de la previsión oficial. La batalla está servida y ahora estas compañías amenazan con frenar sus inversiones.

Las alegaciones de los grupos energéticos a través de la patronal Unesa, a las que ha tenido acceso elEconomista, critican que la CNE ha fijado una remuneración para 2010 similar a la de este año y ha reducido la prevista para 2009 por la propia institución de entre 4.746 y 5.031 millones hasta los 4.342 millones, lo que afectaría al balance de estas empresas que ya se han apuntado en sus cuentas su retribución correspondiente que en el peor de los casos iba a ser de 4.416 millones de euros.

Fórmula provisional

Además, las compañías apuntan que la metodología que defiende la CNE está “alejada de la realidad y de los planes previstos”. Estas empresas aprovechan sus alegaciones para hacer una propuesta sectorial planteada por Unesa, que opta por una fórmula provisional, en tanto se estudian los nuevos modelos.

Las eléctricas insisten en que esta reducción ha causado “una incertidumbre regulatoria sin precedentes, que hace imposible mantener los planes presentados para los próximos años”.

Las compañías esgrimen sus argumentos y apuntan que la suspensión de las inversiones previstas “agudizará la crisis del sector y la extenderá a las empresas de servicios y fabricantes de bienes de equipo”. También señalan que “supone perder la oportunidad de mejorar la calidad de suministro, con inversiones eficientes que generen empleo de alta cualificación y con un carácter local”.

Una red española menos eficiente

Iberdrola, Endesa,E.ON, GasNatural, entre otras, aseguran que para que un consumidor tenga una calidad de servicio similar a la de un francés -es decir, un 70% mejor- sería necesario duplicar la retribución. En la misma línea, si se quiere igualar con un cliente de Reino Unido, para conseguir un suministro dos veces más fiable, se debería incrementar la retribución en un 50%.

Las reivindicaciones de estas empresas señalan que los nuevos planteamientos energéticos exigirán a corto plazo una red más mallada y el desarrollo y la implantación de redes inteligentes, capaces de integrar de manera dinámica las acciones tanto de los consumidores -con sus futuros contadores inteligentes- como de los generadores.

Por ello, las eléctricas han solicitado a al organismo que preside Maite Costa que confíe en los planes de inversión presentados a las distintas administraciones.

Ha sido tal la crispación generada en el sector, que la CNE se ha replanteado su postura. En un informe publicado esta semana, la Comisión propone que se restablezca las retribuciones iniciales previstas para 2009 y 2010, al entender que la nueva propuesta adolece de una gran “complejidad” puesto que se negocia sobre las inversiones ya hechas y a pasado, cuando debería realizarse sobre las inversiones previstas.

Más información: El Econ0mista

Más de 6.300 clientes de alta tensión, en su mayoría administraciones públicas, pueden quedarse sin luz en enero por no haber contratado su suministro en el mercado eléctrico y seguir acogidos a la tarifa regulada, según datos de las principales compañías eléctricas.

Estos usuarios deben estar obligatoriamente en el mercado libre desde el 1 de julio de 2008, aunque se les concedió un año de plazo para hacer el cambio, que posteriormente se amplió seis meses. Desde entonces, estos usuarios sufren recargos en su factura, que inicialmente fueron del 5% al trimestre y que desde julio de este año son del 20% sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR), la única que fija el Gobierno.

Fuentes del Ministerio de Industria han apuntado que el Ejecutivo no tiene previsto aprobar una nueva ampliación, por lo que las comercializadoras podrán cortar la luz a estos clientes indebidamente acogidos a tarifa salvo en el caso de servicios esenciales, como pueden ser los hospitalarios, el alumbrado urbano o las instalaciones militares.

Por su parte, representantes del sector explicaron que muchos de estos puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos. En otros casos, el problema radica en que las compañías, dado su historial como clientes acogidos a tarifa, los consideran “malos pagadores” y no les ofrecen contratos por morosos.

Dificultades del mercado liberalizado:

Antes del verano, los clientes de alta tensión indebidamente acogidos a tarifa rondaban los 20.000, cifra que se ha reducido sensiblemente tras las campañas de captación individualizadas efectuadas por las eléctricas, que buscan la forma legal de poder traspasarlas a una comercializadora libre.

En su última reunión del año, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) analizó las dificultades para contratar el suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado que están enfrentando muchas entidades locales y otras administraciones públicas.

Tras el análisis, el supervisor de los mercados energéticos ha abierto un expediente informativo para analizar los casos de los que tiene conocimiento y, en su caso, formular a Industria una propuesta regulatoria que permita paliar “razonablemente” las dificultades detectadas.

Fin de las tarifas reguladas:

El 1 de julio de 2008 desaparecieron todas las tarifas reguladas de alta tensión y en julio de este año ocurrió lo mismo con las de media y baja tensión, salvo para aquellos usuarios con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (unos 25 millones hogares y pequeños negocios), que pueden escoger entre acudir al mercado o acogerse a la TUR.

Los clientes con potencias superiores a 10 kilovatios que aún no están en el mercado libre -principalmente empresas- sufrirán recargos del 5% al trimestre sobre la tarifa hasta abril de 2010, con lo que al final del periodo sumarían un sobrecoste del 15%.

A partir de esa fecha, pagarán la TUR más un recargo del 20% y dispondrán de otros seis meses para elegir comercializadora, tras lo que, en caso contrario, les será cortado el suministro.

Más información: ABC

En los años 80 se extendió por el mundo la creencia de que la energía nuclear debía desaparecer de la faz de la tierra, tanto en sus manifestaciones bélicas como en las correspondientes a la generación de electricidad. La bandera antinuclear fue enarbolada fundamentalmente por los sectores denominados progresistas, pertenecientes fundamentalmente a los movimientos de izquierdas, que al margen de las razones, en aquellos tiempos objetivas, derivadas de graves accidentes, como los de Three Mile Island y Chernobil, veían en la energía nuclear una nueva forma de dominio por parte de las grandes potencias. Por otro lado, la idea de que los residuos radiactivos de alta actividad se mantuvieran activos durante miles de años, generaba una sensación de vértigo a la sociedad, que intuía que no podíamos dejar ese problema a las generaciones venideras.

Con cierta frecuencia, algunos de los llamados progresistas, paradójicamente, se anclan en viejas ideas del pasado y no progresan ni evolucionan, en consonancia con los cambios que se generan con el desarrollo tecnológico. Las tecnologías de generación eléctrica mediante la fisión nuclear cuentan con más de 50 años de experiencia. Disponemos hoy en el mundo de unas 440 centrales nucleares en operación (con una potencia de 370 GWe) repartidas por más de 30 países. La energía eléctrica generada por estas tecnologías supone en la actualidad el 16% del total.

No cabe duda de que del análisis empírico de la experiencia de la generación eléctrica nuclear pueden sacarse conclusiones muy positivas en los tres vectores que orientan toda estrategia energética: seguridad de suministro, competitividad y sostenibilidad. Y todo ello, a pesar de que en los últimos 25 años, debido a la «moratoria nuclear» general, se han realizado insuficientes esfuerzos en las áreas de investigación minera, e investigación y desarrollo de las propias tecnologías de generación nuclear de fisión y de fusión y en el tratamiento del combustible nuclear gastado.

Así pues, disponemos ya de las llamadas tecnologías de tercera generación, que resultan mucho más eficientes en el terreno energético, económico y medioambiental, y que mejoran notablemente los ya altísimos niveles de seguridad de la segunda generación, introduciendo medidas de seguridad pasivas, simplificando los sistemas de operación e incrementando las redundancias en los sistemas de control.

Es evidente que las primeras centrales que se instalen sufrirán el síndrome del «first of a kind» como sucede con todos los prototipos y en particular con los de este ámbito, en donde, precisamente por razones de seguridad, la regulación es y debe ser muy severa, induciendo costes muy importantes en las primeras unidades, hasta que se establezcan y estabilicen los estándares consiguientes.

Sin embargo, el llamado renacimiento nuclear va a producir unas economías de escala y unos niveles de estandarización, que, sin duda, van a facilitar la reducción de los costes de capital mediante el abaratamiento de los costes de ingeniería, equipos e instalaciones, al tiempo que el acortamiento en los tiempos de licenciamiento y construcción reducirán también la inversión específica y el riesgo financiero.

En la actualidad se están construyendo unas 40 nuevas centrales nucleares en el mundo (de las que 4 en la Unión Europea, 1 en Francia, otra en Finlandia y 2 en Eslovaquia), existen unos 100 proyectos nuevos planificados, que están en distintas fases de análisis y preconstrucción y unas 200 propuestas de nuevas centrales.

A medio plazo, la energía nuclear podría aportar al sistema eléctrico español y, a través de una adecuada regulación, al mundo empresarial, los siguientes elementos:

– Una fuente de energía limpia, segura y competitiva

– Una aportación de generación eléctrica de base, necesaria en todo sistema que pretenda garantizar el suministro.

– Una fuente de energía a costes estables, ya que las posibles fluctuaciones de precio de la materia prima energética (uranio) tienen escasa repercusión en el coste de generación.

– Un mayor grado de independencia energética del país, derivado no sólo del factor «diversificación», sino de la capacidad de almacenamiento del propio combustible nuclear y de la seguridad de suministro del uranio y del proceso de fabricación del combustible, habida cuenta de la naturaleza de los países suministradores.

– La creación de valor y de riqueza y de conocimiento y tecnología que puede suponer el proceso de modernización de las centrales actuales y el desarrollo y la construcción de nuevas centrales de tercera generación.

– Los beneficios inducidos, en el terreno económico, tecnológico e industrial para toda la sociedad española.

– Reducción de las emisiones de CO2.

No olvidemos también, que España es un país industrial, aunque muchos economistas pretendan ignorarlo. La industria básica es en general muy intensiva en consumo energético-eléctrico y para ella, la energía eléctrica es una materia prima, que incorpora a sus productos, que tiene que vender en el mercado internacional a precios competitivos. Si el sistema eléctrico no ofrece a la industria básica una energía eléctrica a precios competitivos, se producirá una inevitable deslocalización, aunque la eficiencia energética de esos industriales sea alta y su comportamiento económico, tecnológico y medioambiental sea el adecuado. A mi juicio, sólo la energía nuclear puede ofrecer garantía de suministro competitivo de energía eléctrica en base, a precios estables, a estos grandes consumidores.

Ante tantas ventajas, la energía nuclear se enfrenta también a algunos inconvenientes. El principal es una opinión pública mal informada que cree que las centrales nucleares explotan como las bombas atómicas, y piensa que una incidencia sin importancia reportada por una central, siguiendo las normas dictadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), puede suponer un peligro para la población. O que los residuos de alta actividad son un verdadero peligro, a pesar de que existen soluciones adecuadas para su almacenamiento y control. Está demostrado, en cualquier caso, que cuanta mayor información tiene una sociedad, menores reticencias existen hacia la energía nuclear.

Los países más avanzados tecnológicamente, como EEUU, Japón, Francia, Reino Unido, Finlandia, Suecia… han apostado claramente por invertir de nuevo en estas tecnologías, que, como cualquier otra, tiene sus inconvenientes, pero también muchas ventajas; la dinámica de los tiempos nos lleva a concluir que lo probable es que los inconvenientes (gracias a la tecnología) vayan disminuyendo y las ventajas (también gracias a la tecnología y como consecuencia del creciente desbalance entre oferta y demanda energética y por la necesidad de reducir las emisiones de CO2) vayan aumentando.

Resulta curioso que un país como el nuestro, tan dependiente energéticamente, y que está convencido de que la tecnología y el conocimiento es el camino a seguir para garantizar nuestro progreso y prosperidad, esté tan cerrado a considerar estas tecnologías de futuro como parte esencial de su mix energético. Resulta sorprendente que muchos de nuestros dirigentes políticos, que se sitúan en el lado de la modernidad y el progreso, rechazan incluso el debate sereno, viéndose dominados por los prejuicios y anclados al pasado por imprudentes promesas.

Al margen de las consideraciones que cada uno podamos hacernos en función de nuestra información, la que nos facilitan las personas o los medios que influyen sobre nosotros y por encima de los prejuicios que inevitablemente todos tenemos, creo que es recomendable observar lo que hacen otros países, admirados por su comportamiento racional, responsable y efectivo, y reflexionar sobre si no estaremos equivocados. Al menos, deberíamos dejar de un lado y por un momento nuestros prejuicios y debatir honestamente el asunto para tratar de llegar a la conclusión que sea más beneficiosa para los intereses generales de los españoles y no aferrarnos conservadoramente a nuestras ideas (¿o más bien prejuicios?) del pasado. Ser antinuclear, hoy en día, ya no es progresista sino más bien todo lo contrario.

Más información: ABC

El consumo de electricidad cayó un 4,3% en 2009 en comparación con un año atrás, hasta los 255.721 megavatios por hora (MWh). Este retroceso, según la patronal del sector, Unesa, es una consecuencia de la crisis económica y representa el mayor descenso desde 1959, año en el que comenzó a elaborarse la estadística.

Se trata además del tercer ejercicio en estos 50 años en el que se contrae el consumo eléctrico neto. Los dos anteriores fueron 1993 y 2008, con reducciones del 0,3% y el 0,2%, respectivamente. En 2008, también se produjo una bajada del 0,2%. Ambos datos contrastan con los crecimientos anuales de entre el 2,7% y el 7,1% registrados durante el resto de la década.

La producción eléctrica también disminuyó, en un 5,1%, hasta los 300.684 millones de kilovatios por hora (kwh) y, en paralelo, las emisiones de C02 se recortaron en un 17%. En cuanto a las fuentes de producción, destaca la caída del 10,5% registrada en la nuclear y los descensos del 23,7% y el 9,1%, respectivamente, en las derivadas del carbón y el gas natural.

En el caso de la nuclear, Unesa ha atribuído el descenso a las paradas para realizar recarga de combustible, “que en algunos casos se ha prolongado más de lo habitual para tareas de aumento de potencia o la incorporación de nuevos sistemas”.

Avanzan las fuentes renovables:

En el sentido contrario, sobresale el incremento del 15,3% en la energía generada con fuentes renovables y el aumento del 8,4% que se anotó la hidroeléctrica.

Así, en 2009 las renovables produjeron el 18% del total de electricidad generada en España, el mismo porcentaje que la nuclear, con lo que las dos se colocan como segunda fuente de generación por detrás del gas natural, con un 36%. La producción a partir de carbón generó un 13% de la electricidad total, las instalaciones hidroeléctricas un 9% y los productos petrolíferos, el 6% restante.

Se reduce la inversión:

Este contexto de crisis económica (caída de la demanda, reducción del precio de las materias primas y aumento de la hidraulicidad) ha provocado que el precio medio ponderado de la electricidad en el mercado de producción disminuyera un 37% en comparación con el año anterior.

Con todo, durante 2009 las empresas integradas en Unesa -Iberdrola, Endesa, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON- realizaron inversiones en activos eléctricos situados en España por importe de 5.630 millones de euros, cifra un 19% inferior a 2008.

Las inversiones en equipos de generación se contrajeron un 34%, hasta los 2.850 millones. La patronal ha subrayado que no se trata de la anulación de programas de inversiones, sino de “adaptación sus tiempos de ejecución a las necesidades del servicio”.

Por contra, la inversión relacionada con la actividad de distribución creció un 6,5%, hasta sumar 2.780 millones de euros, “con el fin de responder a las necesidades que en cada momento plantea la garantía y seguridad del suministro”, ha destacado Unesa.

Según datos de la patronal, las eléctricas destinaron a inversiones el 61,2% de los recursos obtenidos por su actividad en el mercado doméstico. No obstante, el déficit de tarifa supuso casi el 44% de los flujos de caja generados por las eléctricas.

Con todo, las empresas del sector incrementaron su deuda financiera en un total de 4.000 millones de euros para acometer el proceso inversor, pero también para atender a sus necesidades financieras.

Más información: El Mundo

La gran medida verde del presidente francés Nicolas Sarkozy, la tasa del carbono que debía aplicarse en forma de impuesto indirecto sobre la energía de origen fósil, no entrará en vigor mañana tal y como estaba previsto. El Consejo Constitucional, máxima instancia judicial, la vetó el martes por la noche por injusta e ineficaz. Se da portazo así a un plan que Sarkozy presentó como un modelo a seguir por toda la Unión Europea, y que España consideró “interesante”.

Las exoneraciones previstas y dirigidas esencialmente a la industria convertían la tasa en “contraria al objetivo de lucha contra el calentamiento global”, el argumento esgrimido por el Gobierno para su creación, y “creaban una ruptura de igualdad” fiscal, sentenció la Corte. El primer ministro, François Fillon, ya ha anunciado que no se rinde y presentará una versión modificada de su impuesto el próximo 20 de enero.

Lo que ha motivado la decisión del constitucional son las numerosas exoneraciones previstas en el texto de ley. Ni las industrias pesadas sometidas al sistema europeo de intercambio de cuotas, responsables del 30% de las emisiones, ni la electricidad, por ser principalmente nuclear, estaban incluidas. Al final, el Consejo calcula que quedaban exentas de la contribución “más de la mitad de las emisiones de gas a efecto invernadero” y en particular “el 93% de las emisiones de origen industrial, sin contar el carburante”. El resultado es que la tasa se habría aplicado “esencialmente al carburante y a los productos de calefacción que no son más que una de las fuentes de emisión”.

Los franceses se libran de momento de una subida de entre 4 y 4,5 céntimos del litro de gasolina, gasóleo y fuel y del 7% del precio del gas, que corresponde a la imposición de 17 euros por tonelada de CO2 emitida que fijaba la ley. El Gobierno se quedaría, por su parte, sin ingresar unos 2.000 millones de euros. Se trata de la suma que debería aportar la tasa aplicada a las empresas, según estimó ayer el presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, Jean Arthius. Los otros 2.000 millones de euros recaudados sobre los particulares debían ser redistribuidos mediante una redistribución fiscal.

El órgano de los denominados sabios ha puesto el dedo en la llaga al rechazar el argumento de no tasar las industrias pesadas por estar ya sometidas al sistema de intercambio europeo, dado “que esas cuotas se han atribuido de forma gratuita hasta 2013”. Se libraban así sectores enteros, como el transporte aéreo, y hasta un total de 1.018 instalaciones industriales de las más contaminantes.

Las asociaciones ecológicas recuerdan además que pese a que cerca del 80% de la producción eléctrica francesa es nuclear, en invierno el país recurre a la importación masiva de energía europea, que incluye fuentes altamente contaminantes como el carbón. Según la Agencia de Medio Ambiente (Ademe), el consumo de electricidad emite cada año 42 millones de toneladas de CO2 en Francia. El propio Michel Rocard, el ex primer ministro socialista que presidió una comisión encargada de esbozar el proyecto, abogaba por incluir a la eléctrica en la imposición.

La noticia, totalmente inesperada, ha caído como un jarro de agua fría en el Elíseo. Sarkozy había defendido personalmente este impuesto, que llegó a comparar con reformas históricas de la magnitud de la descolonización o la abolición de la esclavitud. La prensa no ha dudado en calificar el revés de verdadero varapalo al jefe de Estado, como el vespertino Le Monde o el económico Les Échos, que hablaba de “una inmensa bofetada para el presidente”. El Gobierno francés se enfrenta también a un problema de credibilidad ante sus socios europeos, donde se ha propuesto impulsar la medida al conjunto de los países del grupo e imponer una tasa similar a la frontera de la Unión, aumentando el precio de las importaciones contaminantes.

En cualquier caso, el ejecutivo se niega a renunciar a su tasa carbono. Nada más conocerse la noticia, el primer ministro, François Fillon, anunció que su gobierno revisará el dispositivo tomando “plenamente en cuenta las observaciones” del Constitucional. Presentará su nueva versión ante el Consejo de Ministros del próximo 20 enero y podría ser adoptada en los próximos meses.

Más información: El País

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó hoy que la tarifa eléctrica subirá un 2,6% para la gran mayoría de los consumidores el próximo 1 de enero.

De este modo, se cumplen las previsiones del ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, que anticipó que el buen resultado de las subastas Cesur permitiría que la revisión del recibo de la luz correspondiente a enero de 2010 se saldara con una subida inferior al 2,7% previsto por este Departamento.

En rueda de prensa, tras la reunión del Consejo de Ministos, De la Vega dejó claro que el gas no subirá con la entrada del año, es decir, “sube 0”.

En cuanto a la tarifa de la electricidad, subirá el citado 2,6% para la mayoría de los consumidores (los que tienen la Tarifa de Último Recurso), y no subirá ni para los que tienen el bono social (quienes tienen una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas, parados y familias numerosas) ni para quienes han contratado la tarifa con discriminación horaria (la antigua tarifa nocturna).

Más información: El Economista